“la participación
social es una expresión de democracia directa en cuanto proceso abierto, plural
e incluyente por medio del cual se llega a transformar la realidad en
diferentes ámbitos”[1].
En los últimos años Colombia ha
sido epicentro de luchas sociales y ejercicios de protestas por parte de la ciudadanía,
procurando por la vindicación de sus derechos fundamentales y un estado de
bienestar: esto motivado por reformas implementadas del poder ejecutivo
nacional. Ante este tipo de situaciones debemos preguntarnos, ¿estamos
realmente en un estado social de derechos? ¿realmente se ha cambiado la
realidad del país mediante estas luchas? para dar respuesta a estas incógnitas
debemos analizar las causas y a su vez la realidad de los diferentes actores políticos
del país.
Colombia es la nación suramericana
con el conflicto interno más longevo de esta región del mundo, dicho conflicto data
desde la época de la Colombia bipartidista donde los Liberales y Conservadores
se enfrentaban en el tiempo del llamado frente nacional. Desde esos años los líderes
sociales que en su mayoría se concentraban en lo rural pasaron a las fronteras de
lo urbano para que sus voces se hicieran sentir ante las injusticias de los que
ostentaban el poder, siendo así donde surgieron los grupos insurgentes y guerrilleros
como una respuesta de cara a la realidad del país, es claro que con el pasar
del tiempo han emergido otros grupos al
margen de la ley con diferentes tipos de ideales pero que al fin y al cabo
aportaron al incremento del conflicto.
Los diferentes actores armados del país
colocaron a Colombia en la palestra pública y desde entonces nuestra nación es
conocida como un narco estado. Con el pasar del tiempo al conflicto se le
anexaron las disputas de poder urbanos de los carteles de Medellín y Cali por posicionarse
como el mayor exportador de sustancias alucinógenas al extranjero en especial
la cocaína, esta situación fue caldo de cultivo para asesinatos selectivos
tanto de líderes políticos como personas que manifestaban oposición a ese negocio,
en especial el de líderes sociales que denunciaban el reclutamiento de jóvenes
para todo lo que conlleva este tipo de actividades ilícitas.
Por otro lado, nuestra carta magna
del 91 profesa el uso legítimo de las expresiones sociales como un derecho para
que logremos unas mínimas igualdades en materia de derechos y que a su vez se
defienda la integridad de la sociedad, aunque vivimos en una democracia según lo
profesa la constitución política; pienso no se respeta el ejercicio de la
protesta pacífica y legitima. por ejemplo, en las manifestaciones de mediados
del año en curso a los líderes sociales que denominaron los de la primera línea,
se les imputo el hecho deshonroso y delictivo como agentes infiltrados de
grupos al margen de la ley. Entonces, solo con este hecho evidenciamos que en
la praxis no se protege el derecho constitucional al manifestante, esto incurre
en la legitimación del uso desmedido de las fuerzas del estado en contra de
muchos de estos jóvenes y manifestantes que salieron a marchar ante un estado
represor que a espaldas del país redactan e intentan imponer reformas que de
fondo afectan a los compatriotas que están en el eslabón más bajo de la sociedad;
inclusive estamos en un país polarizado
en todo el sentido de la palabra.
Cabe resaltar, que el Colombia está
pasando por un avance en materia económica y según los indicadores financieros,
pero que tiene los mismos males de años en materia social y a eso le añadimos
la recepción de los migrantes del país vecino generando una sobrepoblación y en
muchos casos el aumento de índices de criminalidad e informalidad; claro esta
no se debe generalizar ya que en parte se ha dinamizado la economía incluso en post
pandemia.
Con respecto al segundo interrogante, las luchas sociales han evidenciado las formas en que el estado enfrenta sus problemáticas; el conflicto y la lucha contra la criminalidad no ha cambiado se afirma que muchas de estas organizaciones al margen de la ley mutan y salen a relucir nuevos actores que desencadenan problemas y actos delictivos que desangra la sociedad.
“Indepaz
ha registrado el asesinato de 21 líderes en 2020, mientras que para el Gobierno
son 11. La ONU cuenta alrededor de 15”.[2]
El rol del líder social se ha visto
afectado en su esencia y como mencione en líneas anteriores se ha
criminalizado, no sabemos quién es esta detrás de cada grupo, somos una
sociedad que vive con miedo y en zozobra que por reclamar nuestros derechos nos
asesinen, hasta el punto que no sabemos de quien huir, como concluye el
reportaje periodístico en cabeza de María Jimena Duzan si del estado opresor o
de los grupos al margen de la ley que es en gran parte victimario.
El llamado es a no desfallecer ante
los problemas, vivimos en un mundo cambiante y el papel del líder social se
debe proteger ante las amenazas; ya que ellos son los que en muchos casos
exponen su integridad ante unos actores que buscan a como dé lugar acallar esas
voces protestas y de vindicación social.
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